LA JUSTICIA DECLARO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMATIVA QUE ESTABLECE DESCUENTOS DE LOS DIAS DE PARO DOCENTE

Maldonado, titular del juzgado de Instrucción Nº 6, declaró este mediodía la inconstitucionalidad de la Directiva Nº 30, dictada el 25 de junio de 2007 por el entonces gobernador Jorge Busti, y de las resoluciones del Consejo General de Educación 2565, 3217 y 4740 (todas del 2008) “y por tanto su inaplicabilidad respecto de las jornadas de huelga docente producidas desde el día 20 de agosto de 2008”, reza el escrito.
La sentencia alcanza sólo a las tres docentes que iniciaron, con el patrocinio del abogado Carlos Fenés, la acción de inconstitucionalidad contra este conjunto de normativas. Se trata de Nora Martínez; Juana Selva Martínez y Susana Raquel Salgaro, en la causa que se inició el 9 de marzo de este año.
En su conclusión, el Magistrado evaluó que no existió “calificación de ilegalidad” ni en sede administrativa (Ministerio o Dirección de Trabajo) ni judicial (no hubo fallo alguno de la Justicia) de la medida de fuerza.
Este argumento, una de las bases de la argumentación presentada por Fenés en las 40 carillas de la demanda, es señero, debido a que se trata del primer fallo que establece la ilegalidad de los descuentos por paro en la provincia de Entre Ríos. Existen, en otros distritos, casos similares pero es una corriente minoritaria dentro de la jurisprudencia.
• En detalle
El Magistrado consideró que en el caso de los huelgas docentes “nunca hubo declaración de ilegalidad de las medidas de acción directa, como así tampoco intimación para retomar las tareas”, una exigencia que valoró como requisito previo “legal”. Más adelante, aclaró: “El derecho de huelga posee fuerza normativa emanada del texto constitucional y como tal limita el poder del Estado frente a su ejercicio, el cual se considerará siempre legítimo hasta que una declaración formal autorice su encausamiento”.
“Si el Estado consideró que por su prolongación, la huelga docente afectaba el derecho a la educación y el interés general de la sociedad, debió utilizar el procedimiento que regula la limitación del ejercicio de aquellas acciones, cuyas reglas se encuentran en el plexo normativo que da forma a una reglamentación no sistemática del derecho de huelga”, afirmó en la sentencia a la que accedió esta Agencia.
Maldonado desestimó así el argumento presentado por el Gobierno, representado por el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes quien estimó en la contestación de la demanda que “el derecho de huelga afecta el derecho constitucional a la educación y al de la Provincia de proteger su patrimonio, debiendo primar el interés general”.
“Mal puede sostenerse que el ejercicio legítimo de un derecho entorpezca los efectos y los propósitos que fundan los demás ya que ello conllevaría indudablemente a la desnaturalización de la convivencia en la sociedad política”, retrucó el Juez.
Luego, señaló: “Ningún derecho es absoluto y por ello todos deben ejercerse en armonía junto a los demás, razón por la cual toda solución jurídica de conflictos debe encontrarse en el marco de una interpretación lógica y razonable del derecho objetivo”. Y agregó: “Entender lo contrario llevaría a negar los principios que basamentan el Estado de Derecho”.
“Obviar el trámite que lleva a la intimación del débito laboral, coloca a los descuentos en el plano de una sanción que a la postre significa lo mismo que restringir el contenido del derecho” de huelga, puntualizó en otro tramo de sus consideraciones Maldonado.
• La directiva 30
El 25 de junio de 2007, el entonces gobernador Jorge Busti dictó la directiva 30 con el fin de “impartir instrucciones sobre descuento de haberes por adopción de medidas de fuerza realizadas por los agentes de la Administración Pública Provincial”.
En la norma, se dispone el relevamiento de los agentes que se sumen a los paros “a los efectos de proceder a descontar el día no trabajado”. Con esa información, las Direcciones de Administración o las Áreas Contables debían “efectuar el cálculo correspondiente y procesar los descuentos del o los días que correspondan en la liquidación de haberes del mes siguiente”. (APF.Digital)

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El CXL Congreso Provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que se encuentra sesionando en Basavilbaso, decidió realizar cuatro días de paro, informó a APF el secretario General del sindicato, César Baudino • Las medidas se llevarán a cabo el jueves 18 y viernes 19 de junio, el martes 23 y el viernes 3 de julio • A su vez, se determinó iniciar acciones legales contra la Resolución Nº 1677 del CGE, que establece la incorporación del séptimo grado al primer año del secundario, en el marco de la nueva ley de educación provincial.
El Congreso Provincial de Agmer definió la realización de cuatro días de paro en reclamo por una recomposición salarial y en rechazo de los descuentos por los días no trabajados, entre otros puntos.
Las dos primeras jornadas de paro tendrán lugar el jueves y viernes próximos (18 y 19), habrá otro paro el martes 23 de junio y uno más el viernes 3 de julio, anunció Baudino, quien aclaró que la fecha de las medidas de la semana próxima tienen que ver con el llamado a indagatoria a seis dirigentes gremiales por desobediencia judicial. Esos días, también habrá movilizaciones.
A su vez, el dirigente informó que se determinó “iniciar acciones legales, políticas y gremiales” para dejar sin efecto la Resolución Nº 1677 del Consejo de Educación, que establece la incorporación del séptimo grado al primer año del secundario, en el marco de la nueva ley de educación provincial.
“Dicha Resolución atenta contra las fuentes laborales y el estatuto del docente”, sostuvo Baudino, al tiempo que ratificó que “habrá alguna acción legal colectiva”.

• “Ningún gesto”
“Evidentemente ha crecido el descontento entre los docentes. Es como que se había llegado a una meseta, pero como no hubo ningún gesto por parte del Gobierno, el malestar creció y la lucha se ha fortalecido”, señaló el secretario general de Agmer Paraná, Roque Santana.
“Al tema de la recomposición salarial y al reclamo por la devolución de los días descontados, ahora se ha sumado la defensa de las fuentes laborales que está poniendo en peligro la Resolución 1677”, agregó, en diálogo con Aire de Todos (FM Litoral).
En cuanto a lo salarial, el dirigente sostuvo que “ha habido acuerdos paritarios a nivel nacional que rondan el 19 por ciento, pero el Gobierno provincial ha propuesto y ratificado un aumento del 3,1 por ciento, lo cual está muy lejos del salario básico, que tendría que estar al menos en 1800 pesos, si tomamos como parámetro la línea de pobreza”.
Para Santana, “todavía no ha habido una salida al conflicto porque no hubo propuestas y porque se ha culpabilizado al que reclama, no sólo descontándole parte del salario a los trabajadores, sino que ahora también salió lo del llamado a indagatoria a seis dirigentes gremiales”.
“Parece que la decisión de judicializar la protesta es una decisión que se ha tomado a nivel nacional, ya que hay dirigentes gremiales de otras provincias que también están pasando por esto”, concluyó. (APF.Digital)